EXIGE PT SE APLIQUE
LA LEY EN EL CASO HIRATA: CHRISTIAN DUNN
ENSENADA, BAJA CALIFORNIA A 14 DE MARZO DEL 2017.- Un enérgico llamado a la Sub Procuradora de Justicia de Baja
California delegación Ensenada Lic. Norma Alicia Velázquez Carmona realizó este
día el presidente municipal del Partido del Trabajo (PT) Lic. Christian Dunn
Fitch, para exigir que se actúe con la debida prontitud y diligencia en
relación a la denuncia 02001-2016-10594 interpuesta por la Sindicatura
Municipal en Noviembre del 2016 en contra del ex tesorero municipal del XXI
Ayuntamiento de Ensenada, así como de quienes resulten responsables por el
desvío de recursos federales del Ramo 33.
Al respecto, el
coordinador petista recordó que precisamente el 22 de noviembre del año pasado
más de 500 líderes de las colonias de Ensenada que resultaron afectadas por la
falta de ejecución de los recursos del Ramo 33 que por acuerdo de cabildo
serían para llevar a cabo obras prioritarias para la ciudad 2015 y 2016 durante
la administración de Gilberto Hirata Chico, protestaron por las principales
calles de la ciudad hasta llegar a las oficinas de la Sub Procuraduría de
Justicia Zona Ensenada, siendo recibidos por su entonces titular Lic. Marco
Antonio Chavarría López, quien reconoció y aseguró que se aplicaría la Ley
respeto a este magno desfalco a la ciudad por parte del ex tesorero municipal.
Dunn Fitch lamentó
que este caso no avanzara en manos de Chavarría, “la ciudadanía de Ensenada no
merece que este asunto se siga archivando, por ello le estamos diciendo a
Velázquez Carmona que tiene la alta responsabilidad de hacer justicia antes de
que los funcionarios municipales involucrados en el desvío de recursos del ramo
33 para el combate a la pobreza, intenten huir del Estado sin que antes hayan
aclarado el destino de los recursos y enfrentado a la justicia¨.
El presidente municipal del PT exhortó a la sub procuradora de
justicia a combatir la corrupción y el enriquecimiento ilícito de los
funcionarios y servidores públicos, “por lo que acudimos a usted con fundamento
en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
que establece que la investigación de los delitos corresponde al ministerio
público”, “se necesita de la intervención oportuna y coordinada del ministerio
público a su cargo, bajo los principios de legalidad eficiencia, eficacia,
honestidad, lealtad, profesionalismo e imparcialidad para evitar la impunidad y
menoscabo del pleno respeto de los derechos humanos”.
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