DEBEN AYUNTAMIENTOS GARANTIZAR DERECHOS INDÍGENAS: AAI

Pide creación de oficinas de enlace en los 5 municipios

 Mexicali, BC.- Dando puntual seguimiento al exhorto hecho el 9 de febrero en ante el pleno del Congreso del estado, y votado por unanimidad, Alejandro Arregui Ibarra llama nuevamente a los ayuntamientos a prestar urgente atención a la comunidad indígena quienes deben, dijo, armonizar sus reglamentos municipales con la reforma constitucional en el ámbito estatal y federal y hasta el día de hoy no lo han hecho.

 Refirió que Ensenada ya cuenta con una oficina de enlace, por lo que pidió a los demás municipios avanzar y trazar una agenda permanente en coordinación con los cabildos.

 Informó que el 16 de diciembre del 2016 fue publicada una reforma constitucional en Periódico Oficial del Estado, en materia de derechos de los pueblos indígenas en el Estado de Baja California.

 El presidente de la Comisión de Desarrollo social,  asuntos indígenas y deporte recordó que el país está constituido por una diversidad pluricultural, pobladores que han aportado, importantes usos, costumbres y lenguajes que en su conjunto conforman un legado que contribuye al sentido de identidad de nuestra nación.

 Mencionó que de acuerdo al Inegi en 2010 residían  en Baja California, 41 mil 800 indígenas, cuya  atención recalcó “resulta urgente debido a la situación social de la mayoría de estos pueblos que viven bajo condiciones de pobreza y marginación, con ausencia de servicios públicos, o en su caso muy deficientes, siendo el mayor problema al que se enfrentan los servicios de salud y educación”.

 Arregui Ibarra señaló que en la constitución están sustentadas las obligaciones de la federación, los estados y municipios para crear, orientar, dar el seguimiento oportuno a las políticas públicas necesarias y asegurar el respeto de los derechos de los indígenas, su desarrollo y participación, por ello, confirmó les corresponde por ley garantizar sus derechos.

 “A cargo del estado y los municipios, recae  la obligación de implementar las instituciones y las políticas públicas requeridas para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales tendrán que ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos”, destacó.

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