TIJUANA,
B.C., La Administración estatal que encabeza el Gobernador Francisco
Vega de Lamadrid, tomó la protesta a 17 nuevos defensores públicos como parte
de los trabajos encaminados a fortalecer la operación del Nuevo Sistema de
Justicia Penal en Baja California, el cual entró en vigencia desde el pasado 18
de junio en todo el país.
Por ello este día el
Secretario General de Gobierno, Francisco Rueda Gómez, tomó la protesta a 17
profesionales de Derecho que quedan adscritos a la Defensoría Pública del
Estado (DPE), para atender casos penales del fuero común y que vendrán a
fortalecer la operación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en Tijuana y Playas
de Rosarito.
El Secretario
General de Gobierno exhortó a los servidores públicos a que den siempre
en todo lugar y en todo momento, lo mejor de sí mismos en cada una de las
funciones que desempeñen, “hagan siempre su trabajo con honestidad,
verticalidad, profesionalismo y siempre en apego estricto a la legalidad y la
justicia; porque el respeto a la ley es y será siempre el mejor camino para
construir entre todos, una mejor sociedad y un mejor lugar para vivir en
armonía, en orden y con estabilidad y progreso para todos”.
Estos 17 servidores
públicos surgieron de un proceso de selección realizado en los meses de abril y
mayo pasado, del cual fueron aceptados 28, todos cumpliendo cabalmente con lo
estipulado en la Convocatoria consistente en la entrega de solicitud,
entrevista, el examen de conocimientos y designación correspondiente.
La capacitación de
los defensores públicos del estado que se desenvuelven en el Nuevo Sistema de
Justicia Penal que ya se aplica en los cinco municipios de Baja California, ha
sido intensa y para su mejor desempeño el Secretario General hizo entrega a los
17 defensores públicos de nuevas computadoras portátiles de las
denominadas lap top.
Cabe
mencionar que para los municipios de Tijuana y Playas de Rosarito, se prevé
estén incorporados un total de 33 defensores públicos y dos coordinadores.
De
los 17 defensores públicos que hoy rindieron protesta, 15 fueron asignados a
Tijuana y 2 a Rosarito y el resto se irá incorporando al NSJP en la medida que
se agote también el trabajo de los funcionarios en casos aún no concluidos que
se iniciaron en el antiguo sistema
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