Reconoció a los Diputados integrantes de la XXI
Legislatura del Congreso del Estado por priorizar el desarrollo de Baja
California y el bienestar de sus habitantes
MEXICALI, B.C.- Jueves 10 de Julio de 2014.- La Ley de Asociaciones Público-Privadas aprobada este jueves por los
Diputados integrantes de la XXI Legislatura del Congreso del Estado, mediante
una Reforma Constitucional y la creación de un nuevo ordenamiento legal en la
materia, detonará el desarrollo y la competitividad de Baja California, aseguró
el Gobernador del Estado, Francisco “Kiko” Vega de Lamadrid, reconoció a los Legisladores
locales, de todos los partidos políticos representados, por priorizar el
desarrollo de Baja California y el bienestar de sus habitantes, al brindar su
respaldo y aprobación a esta Iniciativa que tiene como propósito fundamental
elevar la competitividad del estado para hacerlo mayormente atractivo a la
inversión y la creación de empleos.
La nueva Ley de Asociaciones
Público-Privadas para el Estado de Baja California, que se presentó a
Iniciativa del Ejecutivo Estatal, contiene las disposiciones para brindar
solidez jurídica a las relaciones contractuales derivadas de los Proyectos de
Asociación Público-Privada (Proyectos APP), y para brindar transparencia y
Al contarse con un marco legal para
los Proyectos APP, conocido y aceptado por los bancos y agentes financieros,
habrá certidumbre para todas las partes, se fomentará una mayor inversión en el
sector de infraestructura en Baja California y se alentaría la participación
privada en la planeación de proyectos prioritarios.
La nueva Ley permitirá a las
entidades públicas o dependencias iniciar proyectos APP en infraestructura y
servicios públicos, mismos que podrán estar dirigidos a atraer por invitación a
entidades privadas, para presentar sus propuestas de conformidad con las bases
publicadas en las convocatorias por las entidades públicas.
Además, se avanza en el rubro de
transparencia, toda vez que la nueva Ley expresa debidamente la obligación de
publicar en el portal oficial del Gobierno toda la información relativa a los
Proyectos APP, con lo cual, tanto los posibles inversionistas como la sociedad
en general, podrán tener acceso y corroborar la legalidad en la realización de
dichos proyectos.
Determina además que las
dependencias y entidades que pretendan el desarrollo de un proyecto de APP
deberán convocar a una licitación pública y se precisa detalladamente que sólo
podrán adjudicar proyectos de APP sin sujetarse al procedimiento de concurso,
por ejemplo, cuando no existan opciones suficientes de desarrollo de infraestructura
o equipamiento y que se realicen con fines exclusivamente de seguridad, o su
contratación mediante concurso ponga en riesgo la seguridad estatal, desastres,
caso fortuito o fuerza mayor.
Otro aspecto importante de este
nuevo ordenamiento que entrará en vigor una vez que sea publicado en el
Periódico Oficial del Estado, es el fortalecimiento de la proveeduría local al
contemplar disposiciones encaminadas a promover que en los Proyectos APP deberá
considerarse que, en igualdad de condiciones, se preferirá como proveedores o
socios para el Proyecto a los fabricantes y distribuidores regionales de
productos o mercancías, sobre aquellos que no cumplan con dicha característica,
tal y como ya se realiza en los rubros relativos a la obra pública y en materia
de arrendamientos, adquisiciones y servicios.
Asimismo, la nueva Ley prevé la
posibilidad de que cualquier interesado, en forma unilateral pueda presentar su
proyecto a la dependencia o entidad estatal competente, con lo cual se pretende
estimular la creatividad del sector productivo y lograr soluciones innovadoras
sin que el costo de la investigación y desarrollo recaiga en el Estado.
Por otro lado, se establece que las
propuestas de Asociación Público-Privada, al presentar un proyecto, entre otros
requisitos, deberán contener la descripción de beneficio social, la estimación
de la inversión requerida de las entidades públicas, la viabilidad económica y
financiera, y el beneficio del mismo en comparación con otras opciones
disponibles. Con ello, se asegura que todo Proyecto APP este encaminado a
cumplir los fines sociales del Estado, en beneficio de la comunidad.
Finalmente, indica que esta es una
legislación de avanzada, atendiendo a que contempla que en el caso de
divergencias las partes del contrato de Asociación Público-Privada tratarán de
resolverlas de mutuo acuerdo a través de diversos medios de solución de
controversias ya probados en este tipo de proyectos, como son el Panel de
Expertos, la Mediación, la Conciliación o el Arbitraje.
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