Citara el Congreso a comparecer al Secretario de Gobierno Francisco García Burgos. Pora tema del Transporte.

 LA XX LEGISLATURA DIPUTADO DE DAVID  JORGE LOZANO PEREZ.

MEXICALI BC MAYO  El Secretario General de Gobierno del Estado, Francisco Antonio García Burgos, deberá comparecer ante  los integrantes del Congreso del Estado, para que explique el motivo de la cancelación de las concesiones de transporte urbano en Tijuana, Tecate y Playas de Rosarito.
   La propuesta fue presentada por el diputado David Jorge Lozano Pérez, con aval de los grupos parlamentarios del PRI, PVEM, PT y del diputado independiente Marco Antonio Vizcarra Calderón, y fue aprobada con dispensa de trámite, de manera unánime, por el pleno de la asamblea.
  Por medio de un comunicado, se informó que el legislador expuso que apenas el pasado día tres de mayo del presente año, el Gobierno del Estado otorgó sendos permisos para prestar servicio de transporte urbano a las empresas Transportes Urbanos y Suburbanos Calafia; Transportes Integrales y Transportes Metropolitanos de Tijuana,los permisos fueron autorizados por parte del Ejecutivo Estatal, pero hasta el momento no se ha encontrado algún documento que demuestre el haber consultado y aún menos acordado con los ayuntamientos de Tijuana, Playas de Rosarito y Tecate, a efecto de otorgar las concesiones a las referidas empresas transportistas, se informó en el escrito.

  Lo anterior, explicó el diputado Lozano, en virtud de que el Ejecutivo está facultado por la Ley General de Transporte Público a “establecer sistemas o autorizar rutas, itinerarios y tarifas y expedir los permisos y concesiones respecto del transporte público intermunicipal, cuando no existan convenios entre municipios conurbados”.
  Es por eso que se solicita la presencia de García Burgos, para que explique el procedimiento llevado a cabo para otorgar las concesiones y el motivo de la posterior cancelación.
El Diputado Lozano agregó que “este infortunado, cuanto desaseado proceso de concesión y posterior cancelación, ha traído, además de la inconformidad de los transportistas, un daño patrimonial reclamable hasta por 40 millones de dólares, un monto que es producto de la inversión en equipo e infraestructura realizada para cumplir con los términos de la frustrada concesión.
La propuesta fue aprobada con dispensa de trámite, pero será en los próximos días cuando se determine la fecha para que comparezca el funcionario estatal ante el Pleno de la Vigésima Legislatura, se indicó.